Historia del Embargo de EE.UU a Cuba: la población cubana la Víctima

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Las primeras manifestaciones

Las finanzas externas fueron el primer blanco de la guerra económica contra Cuba, materializada con la negativa a un empréstito solicitado por el Banco Nacional de Cuba en febrero de 1959

La intervención de la Refineria de Petróleo Norteamericana Texaco, La Habana.
Las nacionalizaciones de empresas como la Texaco fueron empleadas como pretexto para tomar medidas contra Cuba. Foto: Archivo

La persecución financiera contra Cuba por parte del gobierno de Estados Unidos dura ya más de 55 años. La misma intenta frenar los créditos que pudiese recibir nuestro país en condiciones favorables; la movilización de capitales externos; las inversiones extranjeras directas; la inserción cubana en la economía mundial, así como los ingresos por exportaciones de bienes y servicios. Es una necesidad de primer orden, por tanto, conocer los antecedentes y desarrollo de esta política, la cual ha reforzado su carácter extraterritorial y se ha aplicado en estrecha interacción con otras modalidades del bloqueo.
LAS PRIMERAS ACCIONES
Las finanzas externas fueron el primer blanco de la guerra económica contra Cuba, materializada con la negativa a un empréstito solicitado por el Banco Nacional de Cuba en febrero de 1959 para estabilizar las finanzas internas, en precario estado después del robo de más de 400 millones de dólares del tesoro público por personeros de la dictadura batistiana.

Estados Unidos rechazó las racionales fórmulas de pago ofrecidas a ciudadanos estadounidenses por las nacionalizaciones de propiedades en Cuba, resultantes de la aplicación de la Ley de Reforma Agraria promulgada el 17 de mayo de 1959, e intentó imponer condiciones (pago “pronto, adecuado y efectivo”) imposibles de satisfacer. Los nacionales de otros países, también afectados, que se acogieron a la fórmula ofrecida por Cuba, hace ya muchos años recibieron justa compensación. La “deuda” cubana fue creada artificialmente por el gobierno de aquel país para ser utilizada como mecanismo de presión con fines políticos.

Fue al calor de la operación subversiva que comenzó a organizarse en agosto de 1959 y concluyó en Girón, que se dieron pasos prácticos para impedir las entradas de divisas. Su más importante medida, las reducciones y posterior corte definitivo en marzo de 1961 de la cuota azucarera cubana en el mercado estadounidense, hubiese bastado para destruir la Revolución si no se hubiese contado con la solidaridad del antiguo campo socia­lista.

La finalidad perseguida, descrita por el subsecretario de Estado Lester Mallory en abril de 1960 mantiene plena vigencia: “El único medio previsible para enajenar el apoyo interno es a través del desencanto y el desaliento basados en la insatisfacción y las dificultades económicas […]. Una línea de acción que tuviera el mayor impacto es negarle dinero y suministros a Cuba, para disminuir los salarios reales y monetarios a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”.[1]

Las afectaciones a la producción azucarera se habían iniciado desde octubre de 1959 con el bombardeo de centrales azucareros y el lanzamiento de sustancias incendiarias a plantaciones cañeras.

El 29 de septiembre de 1960, el gobierno de Estados Unidos suspendió las operaciones de la planta de concentrado de níquel en Nicaro y al día siguiente el Departamento de Estado recomendó a los ciudadanos norteamericanos “abstenerse” de viajar a Cuba, paso inicial de su prohibición absoluta. Se dejaron de ingresar millones de dólares, dado que el turismo estadounidense era el de mayor cuantía. El 19 de octubre de 1960 el Departamento de Estado anunció “medidas generales de control a fin de prohibir las exportaciones norteamericanas a Cuba”, que dio inicio al bloqueo.
MEDIDAS DE LA OPERACIÓN MANGOSTA Y DE LA POLÍTICA “DE MÚLTIPLE VÍA”
El paso decisivo en la oficialización del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba lo realizó el presidente John F. Kennedy, al dar cumplimiento a la Sección 620 (a) de la Ley de Asistencia Exterior, de septiembre de 1961, mediante la Proclama Presidencial 3447, del 3 de febrero de 1962. Su raíz genéticamente subversiva se percibe si se conoce que fue el resultado de una de las 33 medidas (la número once) de la Operación Mangosta.

El documento rector de la Operación Mangosta explicaba la finalidad de las presiones económicas: “La sublevación necesita un movimiento de acción política […] La acción política será apoyada por una guerra económica que induzca al régimen comunista a fracasar en su esfuerzo por satisfacer las necesidades del país […]”.[2] Medidas específicas de la operación perseguían dificultar la entrada de divisas resultantes de la exportación de productos tales como azúcar, níquel, tabacos, frutas y otros, así como encarecer los fletes. Es de esta Operación la formulación de que la Revolución podía ser debilitada “si el flujo de dólares hacia el país se elimina a través de la pérdida de las líneas de crédito”.

El fracaso de la Operación Mangosta trajo consigo una nueva política subversiva contra Cuba, conocida como “de Múltiple Vía”. En su contexto, el 8 de julio de 1963 el Departamento del Tesoro, apoyándose en la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, puso en vigor las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos, que le confirieron al bloqueo sus rasgos fundamentales, en particular la gran preeminencia dada a las presiones financieras. Su aplicación trajo consigo el congelamiento de los fondos cubanos en bancos de Estados Unidos; la prohibición de todas las transac­ciones financieras y comerciales que no estuvieran bajo licencia; la prohibición de exportaciones cubanas a Estados Unidos; la prohibición a cualquier persona de cualquier na­cionalidad y lugar de establecer transacciones no autorizadas con Cuba en dólares estadounidenses, e hicieron suyas las regulaciones so­bre exportaciones a Cuba emitidas por el Depar­tamento de Comercio.

Pocos días antes, el 18 de junio de 1963, el presidente Kennedy había aprobado una denominada “Política encubierta y programa integrado de acción hacia Cuba”, a cargo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), con seis direcciones de trabajo. Una de ellas fue denominada “Acciones de obstaculización en la economía sobre una base incrementada”, a todas luces el complemento, con medios y métodos encubiertos, de las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos. Aquellas acciones, en conjunción con las sanciones norteamericanas abiertas, “causarían un efecto adverso en la economía cubana, con un máximo impacto si se combinaban con las acciones de sabotaje”, lo que sería supervisado “por un comité inter-agencia con autoridad para llamar a la rápida acción de los órganos participantes”. [3]

La IX Conferencia de Consulta de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizada en Washington el 26 de julio de 1964, llamó a la interrupción de todo intercambio comercial directo o indirecto con Cuba. La no pertenencia de Cuba a la OEA le impedía recibir fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. Unido a ello y al amparo en su poder de veto sobre el Fondo Monetario Internacional, a partir de 1964, Estados Unidos logró que Cuba se viera privada de fondos del Banco Mundial. Con ello se cerró toda posibilidad de utilización de los mecanismos financieros internacionales del sistema capitalista.

Según la Enmienda Hickenlooper, de octubre de 1964, ningún tribunal norteamericano podía dictar sentencia a favor de los intereses de otros estados, cuando se tratase de nacionalizaciones de propiedades norteamericanas a partir del 1ro. de enero de 1959, incluso ni aunque fuera invocando un principio clave del Derecho Internacional tal como la doctrina del poder soberano.

A fines de 1964, el Departamento del Tesoro congeló los fondos en Estados Unidos del Banco del Atlántico, de México, por realizar operaciones, en dólares estadounidenses, con nacionales cubanos. A pesar de las protestas gubernamentales mexicanas, los fondos no fueron desbloqueados hasta el cese de aquellas operaciones.

En 1965 se modificó el sistema del grupo de países del Departamento de Comercio, en países de grupos T, V, W,  X y Z. Cuba fue ubicada en el grupo Z, categoría más restrictiva.

En 1969, el Departamento de Comercio enmendó sus disposiciones sobre exportaciones. Con Cuba su política fue cierre total.

Durante esta primera etapa, quedaron sentadas las bases de la persecución financiera contra nuestro país, la cual se puso de manifiesto desde antes del establecimiento oficial del bloqueo. Posteriormente se sustentó en leyes y regulaciones administrativas que todavía hoy continúan en vigor.
* Autor del texto Bloqueo. El asedio económico más prolongado de la historia, Editorial Capitán San Luis, La Habana, 2003. Primer Investigador en el Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado.
** Funcionaria del MINREX.
[1] Department of State: Foreign Relations of United States, 1958-1960, volume VI, Cuba, United States Government Printing Office, Washington, 1991, “Memorandum From the Deputy Assistant Secretary of State for Inter-American Affairs (Mallory) to the Assistant Secretary of State for Inter-American Affairs (Rubottom), Washington, April 6, 1960”, p. 886.
[2] Department of State: ob. cit., volume X, Cuba 1961-1962, 1996, “The Cuba Project”, January 18, 1962, pp. 713.
[3] Department of State: ob. cit., 1961-1963, volume XI, Cuban Missile Crisis and Aftermath, 1996, “Paper Prepared by the Central Intelligence Agency for the Standing Group of the National Security Council, Washington”, June 8, 1963, p. 830.

La persecución financiera contra Cuba (segunda parte) 1981-2000: las presiones contra Cuba se recrudecen

Las presiones económicas de Estados Unidos contra Cuba han pasado por varias etapas y cada vez causan más pérdidas al desarrollo financiero del país

La administración neoconservadora de Ronald Reagan, que asumió la presidencia en enero de 1981, se ocupó de desmantelar algunas medidas positivas de las administraciones previas [1] y adoptó otras que abrieron el camino a sus agudas manifestaciones actuales.

Una de las de más largo alcance, rápidamente adoptada, fue incorporar a Cuba a partir de 1982, sin razón alguna, al listado, que anualmente elabora el Departamento de Estado, de países patrocinadores del terrorismo internacional, lo que sirvió de fundamento a las medidas que acometería la  Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, además de cumplir una función propagandística y de aislamiento internacional.

Desde finales de los años 90 ha sido la justificación de una nueva hornada de dañinas medidas en la persecución financiera a nuestro país.

En el periodo abril-junio de 1982 se elaboraron nuevas regulaciones sobre los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba, regresándose a la situación anterior de licencias específicas, y se hicieron más estrictas las regulaciones de gastos, tronchándose una importante fuente de entrada de divisas. En 1989 se hicieron aún más restrictivas.

A partir de 1986 se dio inicio a la más organizada de las persecuciones contra las gestiones financieras y comerciales del país, con las emisiones por parte de la OFAC de las denominadas Listas  de Nacionales Especialmente De­sig­na­dos (Specially Designated National, SDN). Con respecto a Cuba, entre 1986 y 1989, el Departamento del Te­soro emitió siete listas consecutivas, para un total de más de 230 entidades, prácticamente de todos los continentes. Al calificarse como “designadas cubanas”, ninguna persona natural o jurídica, bajo la jurisdicción de Estados Unidos, podía mantener vínculos económicos o financieros con entidades o individuos incluidos en estas listas. Con mayor fuerza que en cualquier periodo anterior, la cruzada anticubana en la esfera comercial y financiera comenzó a tener en la OFAC su principal instrumento.

Una enmienda, aprobada el 23 de agosto de 1988 por el Congreso, instruyó a la Administración a recrudecer las medidas contra Cuba a través de una mayor aplicación  de la Ley de Comercio con el Enemigo y de una mayor interacción de la OFAC “con otras agencias federales”. Esta mayor interacción permitiría la recopilación de toda la información disponible sobre la red comercial internacional de Cuba, para contribuir a la elaboración de sus listados de “designados cubanos” y perfeccionar el trabajo “conjunto e integrado” de la OFAC y las otras agencias. De esta manera, se lograba un reforzamiento más efectivo de la guerra financiera.

Un resultado de ello fue el incremento de la obstaculización de las exportaciones cubanas de azúcar y de níquel, con su consiguiente afectación a la entrada de divisas. Como modalidad de “bloqueo por acuerdos”, Estados Unidos comenzó a exigir a Italia, Holanda, Francia, Japón e incluso a la Unión Soviética poco antes de su desintegración, y posteriormente a Rusia, que ninguna de sus exportaciones a territorio o intereses norteamericanos podía contener níquel de origen cubano. Para el año 2000, este tipo de bloqueo impedía el acceso de este producto al 40 % del mercado mundial. Con respecto al azúcar, tal medida se instrumentó a partir de la Ley de Seguridad Alimentaria de 1985, y como castigo a las violaciones de la exclusión del sistema de cuotas en el mercado de Estados Unidos.

A partir de esos antecedentes, en octubre de 1992 fue aprobada por el presidente Bush la Ley para la Democracia en Cuba, conocida como Ley Torricelli. En esos momentos, con el derrumbe del campo socialista y la desaparición de la URSS, Cuba necesitaba reorientar su comercio hacia mercados de países capitalistas (Europa, Canadá y América Latina) y existía una tendencia ascendente en el comercio con subsidiarias de empresas norteamericanas. Se requería también reorientar el mercado de fletes y recurrir a otras navieras que no eran las que tradicionalmente se habían utilizado de los países socialistas europeos. Todo ello fue prohibido o perseguido por esta Ley, en un claro ejercicio de extraterritorialidad. Solo en el primer semestre posterior a su promulgación, el principal autor de este acto legislativo, el senador Robert Torricelli, se ufanaba de haber encarecido en un 15 % el costo de las relaciones económicas externas cubanas.

Para enfrentar este doble bloqueo, para Cuba se hacía imperativo incentivar la inversión extranjera directa. A partir de 1994 esta se expandió notablemente en las esferas de los servicios, construcción de viviendas, inmobiliarias, telecomunicaciones y otras. Precisamente contra ello se dirigió la denominada Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas, Ley Helms-Burton, de marzo de 1996, que se trazó como objetivo principal impedir la participación de aquella inversión extranjera en el proceso de reanimación económica del país: su título I, estableció la retención de pagos a instituciones financieras que concedieran créditos a Cuba, un chantaje financiero violatorio del Derecho Internacional.

Sus títulos III y IV se proyectaron contra la inversión extranjera en el país, en aras de lograr su colapso financiero, también violando principios y conceptos internacionalmente reconocidos. El fundamento de su extraterritorialidad fue denunciado en la Organización de Naciones Unidas por Cuba, en el año de su promulgación, como una selectiva y discriminatoria interpretación del concepto de la soberanía de los Estados, que a partir de entonces ha sido el patrón de las presiones contra el país en el terreno económico.

Otra legislación del 24 de abril de 1996 (Ley de Anti­terro­rismo y Pena de Muerte Efectiva) abriría la ruta, actualmente muy transitada, para llevar la guerra financiera contra Cuba aprovechando su inclusión en el listado de países patrocinadores del terrorismo. Esta Ley ampliaba las excepciones a la inmunidad, en tribunales estadounidenses, de los estados extranjeros que estuviesen en aquel listado. A esta línea de actuación le dio continuidad la Ley Ómnibus de Asig­na­ciones Suplementarias y Emergencias Consolidadas, de 1998, que permitía la ejecución de sentencias a costa de los fondos de estados “patrocinadores del terrorismo” y la Ley de Protección a las Víctimas del Tráfico y la Violencia, del 28 de octubre del 2000, que estableció la posibilidad de ejecutar fallos judiciales a costa de los fondos congelados del Estado cubano.

Este andamiaje jurídico ha abierto el camino a espurios fallos contra Cuba en tribunales federales, en demandas presentadas por ciudadanos estadounidenses, supuestas víctimas del “terrorismo” cubano, que ha traído consigo el despojo a Cuba de los fondos congelados en bancos de aquel país y la persecución de otras fuentes.

La Ley Ómnibus de Asignaciones Presupues­tarias para el año fiscal 1999 incluyó doce enmiendas encaminadas a reforzar las sanciones impuestas por el Título IV de la Ley Helms-Burton y se extienden al resto del mundo, y se amplió el bloqueo sobre los fondos de instituciones crediticias internacionales para concertar cualquier asistencia o reparaciones a Cuba. Particularmente aguda fue su Sección 211, violatoria del Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad In­telectual relacionados con el Comercio (ADPIC) en la Or­ganización Mundial del Comercio, y que es en esencia una guerra contra marcas o nombres comerciales de productos cubanos del primer nivel, tales como el ron Havana Club o el tabaco Cohiba. El objetivo principal fue crear obstáculos al desarrollo de las inversiones extranjeras en Cuba que estén asociadas a la comercialización internacional de productos cubanos de reconocido prestigio.

Otro endurecimiento de la política del bloqueo (Enmienda Stanford, aprobada en la Cámara el 20 de julio del 2000), dio al traste con las propuestas para favorecer la venta de alimentos y las visitas libres de norteamericanos a Cuba.

Pero las medidas más insólitas estaban aún por venir.
* Autor de Bloqueo. El asedio económico más prolongado de la historia, Editorial Capitán San Luis, La Habana, 2003. Primer investigador en el Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado.

** Funcionaria del MINREX.

[1] Levantamiento de prohibiciones de viajar a Cuba; autorización para envío de remesas a familiares; autorización del comercio, bajo licencia, con subsidiarias norteamericanas en terceros países, entre otras, se comenzaron durante las administraciones Ford y Carter, por cambios positivos en la correlación de fuerzas tanto a nivel internacional como de América Latina y el Caribe.

 

 

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