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Este lunes, la Cancillería de Panamá advirtió a sus residentes cubanos, a los que la anterior Administración dio asilo y luego residencia, que sus “exigencias” están pasando por encima de la ley panameña y les pidió tramitar como cualquier extranjero en el Servicio de Migración, de acuerdo con las normas locales.

Una fuente del dijo a Efe que la Cancillería “da por culminada su participación en el proceso” que les permitió primero recibir asilo territorial a 16 isleños y luego residencia permanente especial a 7 de ellos.

De acuerdo con una fuente del Ministerio panameño de Relaciones Exteriores, 7 cubanos están exigiendo “residencia permanente para todos sus familiares, trabajo y casa”, algo que “escapa de las manos de Cancillería”.

Mediante un comunicado, la Cancillería refiere que “la anterior Administración concedió Asilo Territorial a un grupo de ciudadanos nacionalidad cubana”, en septiembre de 2013.

“Posteriormente, el 27 de febrero de 2014, se les otorgó a un grupo de ellos el estatus migratorio de Residente Permanente” a los que ha orientado sobre los procedimientos y requisitos legales “para la regularización de sus estatus migratorios y de algunos de sus familiares”.

Sin embargo, precisa, “las exigencias de este grupo han ido en aumento, llegando incluso a advertir acciones de fuerza y de autoflagelación frente al Palacio Bolívar, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, exigiendo a la institución el ejecutar acciones que se alejan de los procedimientos legales establecidos en las normas migratorias panameñas”.

Debido a que los panameños y los extranjeros son iguales ante la Ley, tal como lo indica la Constitución, se le llama a los cubanos “a que acudan a las instancias migratorias correspondientes para resolver su situación legal, siguiendo el debido proceso que llevan a cabo el resto de los ciudadanos extranjeros”.

El pasado 28 de febrero el entonces canciller panameño, Francisco Álvarez De Soto, afirmó que los cubanos recibieron la residencia permanente “por razones estrictamente humanitarias y en apego a la normativa vigente”.

De manera que la medida se tomó “con el objeto de ayudar a estas personas a poder regularizar su régimen migratorio y se ha hecho atendiendo a las circunstancias extremas de estas personas y no como práctica común”, agregó.

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