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Asociación Jurídica Cubana | Derechos ciudadanos.

Derechos Humanos y Derecho Procesal Constitucional

Julio AlfredoonuLic. Julio Alfredo Ferrer Tamayo

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclama en el artículo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la Ley.

En el contexto jurídico cubano, no existe ese recurso efectivo, que ampare a los ciudadanos contra actos que vulneren los derechos fundamentales previstos en los artículos 54, 58, 59 y 63 de la Constitución de la República de Cuba: La libertad e inviolabilidad de su persona están garantizadas a todos los que residen en el territorio nacional. Nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben las leyes. El detenido o preso es inviolable en su integridad personal; Nadie puede ser encausado ni condenado sino por tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que estas establecen. Todo acusado tiene derecho a la defensa; Todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuesta pertinentes y en plazo adecuado conforme a la ley.

El Derecho Procesal Constitucional, es la rama del derecho que se encarga del estudio de las vías procesales que permiten la protección de la supremacía constitucional y de los derechos contenidos en la Constitución, está constituido por el conjunto de procedimientos, tales como la Acción de Amparo, el Habeas Corpus y la Acción de Inconstitucionalidad y los órganos destinados a preservar la supremacía de la Constitución. La Carta Magna es totalmente omisa en ese sentido, al no establecer los procedimientos ni concebir órganos, destinados a preservar la supremacía de la Constitución y defender y proteger la efectiva vigencia de los derechos fundamentales o garantías constitucionales que la Ley primera protege, haciendo inefectiva la estructura jerárquica normativa establecida.

La inexistencia de ese Derecho Procesal Constitucional, es causa de total desprotección, al no contar los ciudadanos con las herramientas e instrumentos jurídicos idóneos para defender y proteger la efectiva vigencia de esos derechos fundamentales y garantías constitucionales, especialmente contra actos provenientes de autoridades públicas, omisión legislativa, que, además, franquea total impunidad a dichas autoridades para quebrantar, a como dé lugar y con mayor frecuencia, la Legalidad vigente.

Tal es el caso de los iniciadores de la Asociación Jurídica Cubana, despojados por autoridades estatales y judiciales, del fundamental derecho de libre asociación pacifica y el ordenamiento jurídico cubano, no nos franquea vía recursiva alguna ante los tribunales nacionales, que nos ampare contra el quebranto de ese nuestro derecho fundamental, inobjetable violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.