Si algo han demostrado las grandes devaluaciones son su total ineficiencia: desde 2003, la devaluación no ha mejorado la situación fiscal; no ha promovido las exportaciones ni disminuído las importaciones; se ha convertido en una causa fundamental de la inflación; ha desmejorado los ingresos laborales, ha fortalecido el poder del capital financiero especulativo quien cada vez tiene mayor capacidad de influir en la política económica al obligar al gobierno a devaluar. El capital financiero hoy es más fuerte, engorda grandes cuentas en dólares en el exterior, promueve el parasitismo rentista mientras contribuye con el entierro de la economía productiva.
Ciertamente, una salida devaluacionista perjudicará a las mayorias que constituyen la base política de este proceso. Los indicadores sociales, como el salario mínimo, serán afectados si no se aplican medidas que amortigüen la caída. La aplicación de incrementos de salario mínimo es insuficiente donde una gran proporción de la masa trabajadora no recibe este beneficio. Esto es porque alrededor del 45% de los trabajadores pertenecen al sector informal.
La supuesta ganancia fiscal que tendría el gobierno y PDVSA se le puede revertir con el incremento de la carga de la deuda, del costo real de las importaciones, del gasto de las misiones sociales y finalmente con su incidencia en la tasa de inflación. Los beneficios fiscales de la devaluación son una peligrosa ilusión, es el camino fácil que conduce al infierno, además de contribuir con el aplazamiento de radicales cambios en la estructura tributaria. La devaluación es íntima colaboradora con la permanencia del IVA.
Los grandes ganadores, la banca privada, los monopolios comerciales y productivos, saldrán fortalecidos y utilizarán este posicionamiento para una futura carrera prodevaluacionista. Mientras más poder tienen, más estarán acorralado el gobierno con esta estrategia anunciada. Los grandes tenedores de títulos públicos en dólares no sólo tendrán más bolívares, sino que tendrán más fuerza para pedir más devaluaciones.
El gobierno tiene que salir de esta emboscada anual, la devaluación no le conviene. Debe adelantar los cambios estructurales e institucionales. Gran parte de estos cambios profundos se pueden iniciar en el corto plazo, gran parte de las alternativas e instrumentos de política depende de un diagnóstico que lleva a resolver la siguiente paradoja:
La economía venezolana cerró con un saldo en cuenta de mercancías superavitario de 39.595 MM US$, esto implica una entrada de 95.952 millones por concepto de las exportaciones. La gran mayoría de estas ventas al exterior son de origen petrolero (92.233 MM US$). Mientras que las compras externas se ubicaron en 56.357 MM de US$. Este sustancial superávit entre exportaciones e importaciones de mercancías, repito de 39.595 MM de US$, se le descuenta el saldo en servicios, el saldo en rentas y las transferencias corrientes, quedando como resultado un saldo en cuenta corriente de 14.565 MM de US$. ¿A dónde va este excedente de recursos financieros que la economía venezolana dispone y que la hace privilegiada en comparación con otras economías latinoamericanos?
A dónde van los dólares, quién los controla, quién los gasta o los malgasta…responder este acertijo lleva a soluciones prácticas y justa para la distribución de ingresos.
El mercado cambiario es sólo una parte, aunque una parte importante, del sistema económico. El tipo de cambio no se puede convertir en el ombligo del mundo económico. Hay que enfrentar otros retos que conciernen al modelo productivo y al control de los poderes fácticos ejercido por los sectores económicos dominantes.
DEVALUAR O NO DEVALUAR… ¿ÉSTE ES EL PROBLEMA?
Nuevamente, estamos en Venezuela en el inicio de un año bajo el fuego de una gran presión, ejercida por parte de los factores económicos de poder, para que el gobierno ajuste el tipo de cambio y se consuma una devaluación lineal y sustancial.
El venezolano es un modelo de crecimiento basado en los salarios, la inclusión social y el empleo. Las grandes devaluaciones que se vienen aplicando puntualmente, justo después del golpe de Estado de 2002, han sido acompañadas del deterioro del consumo, en virtud de la contracción de los ingresos familiares. La recesión se instala luego porque el principal motor de la expansión es bombardeado por el sustancial ajuste cambiario, con la consecuencia posterior de la desmejora de los indicadores sociales básicos.
Si algo han demostrado las grandes devaluaciones son su total ineficiencia: desde 2003, la devaluación no ha mejorado la situación fiscal; no ha promovido las exportaciones ni disminuído las importaciones; se ha convertido en una causa fundamental de la inflación; ha desmejorado los ingresos laborales, ha fortalecido el poder del capital financiero especulativo quien cada vez tiene mayor capacidad de influir en la política económica al obligar al gobierno a devaluar. El capital financiero hoy es más fuerte, engorda grandes cuentas en dólares en el exterior, promueve el parasitismo y contribuye con el entierro de la economía productiva.
En las últimas semanas, los poderes fácticos han logrado que el llamado dólar no oficial haya ensanchado ampliamente su brecha con respecto a los dos precios oficiales (CADIVI y SITME). Los dólares que se transan en este circuito informal siguen siendo una proporción menor a la totalidad de dólares que se adquieren dentro de la economía. Sin embargo, esta proporción menor, en volumen, ha logrado una gran incidencia sobre la fijación de los precios (en bolívares) de los bienes finales. Explicar cómo una posición minoritariamente representativa (en términos de volumen) logra tener un poder de fijación de precios mayoritariamente representativo, es una clave para comprender la actual disyuntiva cambiaria.
En primer lugar, el precio actual del dólar clandestino, es fundamentalmente el resultado de la lógica especulativa del capital financiero en la búsqueda de una mayor rentabilidad de los activos financieros que han logrado acumular. Esta acumulación representa una de las paradojas de la economía venezolana en la última década, debido que es resultado, principalmente, de un mecanismo de captura y privatización de la renta petrolera, que al llegar a manejar un volúmen significativo, ha permitido disminuir la capacidad de poder por parte del Estado para mantener una política cambiaria y una política económica soberana.
Esto es una paradoja porque hace 10 años se instauró un control de cambios y, a pesar de ello, la exportación de dólares se ha incrementado en ese período, especialmente desde 2006. En este sentido , los ataques cambiarios que se inician en el último trimestre de cada año, represen un mecanismo de control y dominio en las decisiones de política económica del Estado Nacional. La política económica, y especialmente la macroeconómica, se convierte en un campo de batalla donde se libra una confrontación por la renta petrolera.
Un sector, importante en términos de su posición de activos financieros externos (dólares en efectivos e instrumentos financieros denominados en dólares), termina siendo el gran beneficiado, si logra concretar una ganancia cambiaria. Para llevar a cabo esta estrategia, los intereses del capital financiero, se ocultan detrás de los medios de comunicación corporativos y reciben el apoyo de los economistas ortodoxos. La gran prensa empieza una campaña bien planificada, para generar expectativas cambiarias negativas e inflar el deseo de la gente por arrojar los bolívares y abrazar los dólares como medio de cambio, como reserva de valor y como unidad de cuenta.
En segundo lugar, los factores especulativos deben de tener bases objetivas para que logren ejercer, efectivamente, su influencia sobre el desenlace final. Si el ataque cambiario tiene pocas bases objetivas (que generalmente los economistas neoliberales suelen argumentar cuando hablan de los “fundamentals”) su incidencia final sobre la política cambiaria y sobre los precios oficial y no oficial del dólar, probablemente será débil. Por lo contrario, si el rumor, la campaña mediática para inflar las expectativas de devaluación, y los pronósticos eternamente pesimistas de los economistas antichavistas, cuentan con factores objetivos, la especulación dominará, la profecía se cumplirá con cierta efectividad.
Esto último se conoce en los manuales de economía, como la “profecía autocumplida”, es decir los que no es una realidad ahora, será un hecho real al pasar un breve tiempo, durante el cual las decisiones de los formadores de precios se sesguen hacia esa inicial especulación. Así lo que no era “verdad” al principio, terminará siéndolo gracias a la pequeña ayuda de las expectativas que prenden en un terreno fértil.
Por lo general, el discurso de los macroeconomistas convencionales tiende a argumentar, como factor principal, la sobrevaluación de la moneda en virtud a la tasa de inflación que se ha acumulado desde que se fijó -por última vez- el tipo de cambio. Esta es la explicación por excelencia de los bancos centrales y la que viene anexada a los modelos de programación monetaria-financiera que enseñan en los cursos del FMI. Ciertamente, la famosa explicación del tipo de cambio real (donde se combinan el tipo de cambio nominal, la inflación interna y la inflación externa) puede llegar a tener una influencia en los desbalances que se producen en el comercio externo.
Pero de ahí a explicar la complejidad del problema cambiario en Venezuela hay un gran trecho. En la medida que se convierte en explicación única del problema cambiario, el argumento de la elevada sobrevaluación, termina por abonar el camino para satanizar las importaciones baratas como una amenaza al desequilibrio de la balanza comercial y a la producción interna. De ahí que se utiliza el otro argumento de la necesidad de mantener la competitividad a través de una devaluación que “aumente las exportaciones y disminuya las importaciones”. Este el clásico ajuste basado en el enfoque monetario de la balanza de pagos. Este es el camino fácil de la explicación, pero también resulta en una falacia ideológica disfrazada de argumento técnico.
Además, el argumento de la competitividad basado en el ajuste cambiario, termina promoviendo una competitividad espuria y efímera. Esto es una competitividad alimentada por la reducción del costo laboral, es decir en el empobrecimiento de los trabajadores; es una competitividad basada en la explotación de los recursos naturales y de entronizar éste mecanismo de dependencia; una competitividad que profundiza la desigualdad social al intensificar explotación de la fuerza de trabajo sobre el recurso de ampliar la plusvalía absoluta; una competitividad que afecta a los sectores productivos diferentes al sector exportador de los recursos naturales.
En este mismo sentido, el dilema de la miopía asumida por los partidarios de mantener “el tipo de cambio alto y competitivo” es que a ellos no les importan los factores estructurales y la realidad de los países capitalistas que se encuentran en la periferia. El problema es que un país subdesarrollado, dependiente y rentista petrolero tiende a convivir con una sobrevaluación estructural que no se va a “corregir” (ni menos a resolver) con la utilización del expediente de la devaluación. La sobrevaluación en una economía capitalista, dependiente y petrolera como la nuestra, es un huésped obligado tal como lo es la hipertensión para un paciente obeso.
Otro argumento, utilizado por los partidarios a las devaluaciones, es que el nivel de reservas operativas ha llegado a una cota peligrosa: De ahí se empieza a comparar las reservas con los meses de importación; de ahí se hace una de las cuentas más superficiales para establecer el “tipo de cambio implícito”, al dividir la cantidad de dinero con las reservas internacionales. Es decir, posicionan la idea de que al BCV se le están agotando las reservas líquidas y por tanto, los compradores de dólares deben apresurarse a comprar lo más rápido posible y a cualquier precio, porque no hay cama para tanta gente.
Hay otras explicaciones que complementan los argumentos de los que configuran el cuadro devaluacionista. Unas se siguen ubicando en el plano más macroeconómico: el déficit público, la velocidad y la magnitud del gasto público, la tasa de crecimiento del endeudamiento público, la precariedad del flujo de caja de PDVSA, etc…
Otro conjunto de explicaciones se ubican dentro de las argumentaciones microeconómicas e ideológicas: la inseguridad del marco legal y de las inversiones, la incertidumbre en la fijación del precio y en la reposición de inventarios; la necesidad de asegurarse activos complementarios o sustitutivos del dólar que permitan mantener el valor monetario de su patrimonio (compra de automóviles, compra de inmuebles y acaparamiento de dólares, por ejemplo). Por su puesto, este último conjunto de explicaciones se condimenta con el terror, apoyado por la amenaza de que la llegada del socialismo implica una expropiación generalizada e indiscriminada.
Ahora bien, todas estas explicaciones tienen importancia no sólo para el debate teórico sino por sus consecuencias prácticas. No se trata entonces, en este espacio, de debatir teóricamente estos argumentos, se trata de comprender cómo actúan como legitimadores de un conflicto de intereses entre los grupos dominantes, en el terreno del sistema capitalista venezolano, y especialmente en la lógica que le impregna el capital financiero.
Antes de enumerar algunos de los factores objetivos que hacen que la semilla devaluacionista prenda, es necesario responder a la siguiente pregunta
¿A QUIÉNES BENEFICIA LA DEVALUACIÓN?
Beneficia en primer lugar a los que poseen ingresos o activos financieros valorados en dólares. Aquellos sectores económicos que disponen de cuentas externas donde van a parar los dólares que capturan de la renta petrolera y los dólares que obtienen por la exportación. Esto implica a todos los exportadores en primer lugar, pero también aquellos tenedores de bonos cuyo valor está denominado en dólares. Estos son los primeros que apuestan a la devaluación porque son ganadores netos: obtendrán más bolívares por cada dólar que poseen.
En segundo lugar, la devaluación es un mecanismo muy eficiente para aumentar la extracción de plusvalía abaratando el costo laboral. Así que los sectores empresariales privados tendrán un costo que se abaratará en relación a los otros precios de los productos finales que ellos venden.
Se llega a creer que el gobierno es uno de los beneficiados, es decir los ingresos fiscales en un país cuyos ingresos en bolívares depende principalmente de un bien de exportación (como es el caso de nosotros, donde las exportaciones totales contienen un 90% de exportaciones petroleras), obtendrán más bolívares por cada dólar que les ingresen. De ahí que los gobiernos de la IV República, a partir de 1983, ejecutan fuertes devaluaciones con fines fiscales, es decir para recomponer su gasto interno que es básicamente en bolívares. También el gobierno logra “licuar” la deuda pública interna que también es en bolívares, ya que deberá, pagar un valor menor en términos reales.
Pero el gobierno que utilice este expediente con argumentos fiscales, a lo mejor llevado por la misma desesperación que aflige a una persona cuando abusa de la chequera y no tiene fondos, puede caer en una tentación diabólica: tiene que calcular muy bien, por dos razones económicas y por una política. Una primera razón es que si posee una deuda externa que ha venido creciendo velozmente, tendrá que pagar su servicio en dólares. Así que la devaluación puede ser un pésimo negocio si saca la cuenta entre los bolívares adicionales que entran por un bolsillo y los que salen por pagar la deuda externa pública e importaciones de mercancías realizadas por el gobierno. Como sabemos, el Estado ha incrementado su participación en las importaciones con el propósito de tomar control de esta posición de poder dominada por grupos monopólicos, y garantizar el abastecimiento de bienes esenciales como los alimentos.
Algo parecido ocurre con el segundo motivo, el efecto inflacionario provocado por el ajuste cambiario puede convertir en sal y agua los bolívares adicionales que ingresaron gracias a la devaluación. Así que, en determinado contexto, una importante devaluación puede ser un tiro por la culata para el fisco nacional, además de alejarle el logro de la meta inflacionaria anunciada.
Finalmente, hay una razón de carácter político: una devaluación puede afectar la base electoral del gobierno. Si el gobierno no toma medidas que minimicen los efectos negativos de la devaluación sobre los sectores económicos y actores sociales, el escenario sociopolítico se teñirá con el descontento de los que son perdedores de una fuerte devaluación. La derecha puede capitalizar parte de este descontento para los futuros eventos electorales, no sólo porque los ingresos reales se deteriorarán sino por la pérdida de credibilidad del gobierno que luego que asegura que no va a devaluar, termina por hacerlo.
El Presidente Chávez, antes de irse a Cuba para su delicada operación, declaró que no se iba a devaluar. Este proceso transformador se basa, en gran parte, en la esperanza, en la credibilidad de la palabra. La devaluación no sólo deteriora los salarios, sino que corroe esa esperanza y esa credibilidad.
¿A QUIÉNES PERJUDICA LA DEVALUACIÓN?
Una devaluación incide negativamente en aquellas personas que viven de ingresos fijos, es decir de toda la población trabajadora cuyos sueldos y salarios ellos no podrán ajustar a su voluntad, como respuesta al ajuste cambiario. El mercado de trabajo actúa como “mercado de ajuste” cuando se hace un ajuste macroeconómico clásico, precisamente porque la devaluación hace que el tipo de cambio actúe como una correa de trasmisión entre el “mercado cambiario”, el mercado de bienes y el mercado de trabajo. Esta relación económica, que implica una relación sociopolítica, es la que está oculta detrás de la explicación del llamado tipo de cambio real que suelen tararear los buenos alumnos del manual neoliberal.
Desde 2008, se suele afirmar que un tipo de cambio fijo y bajo (para aquellos que se dejan convencer por los argumentos de la sobrevaluación) en el contexto del control cambiario, termina perjudicando a los trabajadores, porque los que obtienen dólares “baratos” por CADIVI o los revenden a el precio del mercado paralelo o marcan un precio final de sus productos teniendo como referencia el tipo de cambio paralelo. Eso es verdad, pero la verdadera razón es la ausencia total de mecanismos complementarios que permitan disminuir este “arbitraje” que termina pulverizando los ingresos de los pobres y de la llamada “clase media”. Además del alto grado de tolerancia a las formas de evasión del control y de algunas de las medidas que se han tomado para reprimir a los “culpables” que son remedios que terminan por empeorar la enfermedad (como la Ley de Ilícitos Cambiarios).
En este sentido, hay una estrategia evasiva cuando se presentan a los culpables de “menor monta” de esta situación, y de esta forma se oculta la acción de protagonistas principales. Entonces a finales de año, al mismo tiempo que se incrementaba el ataque cambiario, tambien se puede observar cómo se le echa la culpa a los estudiantes en el exterior y a los usuarios de tarjetas de créditos. Ciertamente, se han detectado graves irregualidades en estos segmentos, especialmente con el de tarjetas de créditos. Pero estos terminan siendo parte de una explicación insuficiente sobre el problema. Entre los estudiantes y las tarjetas de créditos no se llega al 15% de los dólares que distribuye el gobierno.
Se puede argumentar algo cierto, que siendo una proporción relativamente pequeña eso no es motivo para tolerar estas triquiñuelas con el control de cambio. Pero el problema es, primero, que se termina culpando al último eslabón de la cadena, pero no se investiga la responsabilidad de los que crean y protegen estos mecanismos. Esta forma equivocada de diagnósticar el problema, ha conllevado a una política de disminución de cupos que termina por incentivar la presión sobre el precio de la divisa.
Por otro lado, las explicaciones insuficientes como las que se han señalado, se convierten en la excusa para ocultar lo que ocurre con el resto de las divisas distribuidas, donde predomina la acción de grandes grupos e intermediarios con alta presencia corporativa trasnacional.
En todo caso, el control de cambio no puede seguir siendo una camisa de fuerza que termina favoreciendo a los intermediarios y a los que controlan grandes posiciones en dólares.
Cuando el ataque cambiario, expresado en un aumento creciente de la brecha entre el dólar oficial y el tipo de cambio lechuguino, logra mantenerse por varias semanas, una buena justificación del ajuste es aquella que sostiene que “la devaluación ya está descontada” en los precios de los últimos meses porque los marcadores de precios han logrado generalizar la referencia de precio del minoritario mercado paralelo. Esta generalización es una verdad a medias, que llega a convencer a más de uno, que la devaluación decidida por el Gobierno, no tendrá mayores efectos inflacionarios porque ya los mismos han sido recogidos en la tasa de inflación de los últimos meses.
Esta es una de las trampas mortales, especialmente para los que quieren defender la vocación social del gobierno. Resulta que para algunos bienes, esta inocuidad no es cierta. Cuando se pasó de 2,60 a 4,30 Bs.F por cada dólar, habria que estar en las farmacias para palpar el descontento y la impotencia de los que tienen que comprar medicamentos obligatoriamente. En esos días, es cuando más se putea al gobierno en las farmacias, a CADIVI y a todo lo que representa la victoria de la devaluación. Así que las generalizaciones no son buenas en términos del balance de quienes pierden y quienes ganan.
En todo caso, la nueva tasa de cambio oficial, si persisten los factores objetivos y subjetivos de la presión devaluacionista, se convertira en un nuevo “piso” para el cálculo del nuevo precio especulativo del mercado informal.
Otro efecto lesivo de la devaluación se hace evidente en los sectores productivos. Mientras que hay unos sectores de actividad económica donde predomina la acción de los que deciden amasar fortunas con las ganancias cambiaras, hay otros que insisten en mantenerse en actividades productivas fundamentales como la agricultura y la industria. Estos últimos resultan afectados cada vez que se devalúa especialmente si su mercado es principalmente el mercado interno. Incluso en sectores comerciales de mediano y pequeño tamaño puede ser letal la carrera devaluacionista.
Esto ocurre especialmente en una economía con una alta dependencia estructural de las importaciones de insumos. Repetir mecánicamente que la devaluación “promueve las exportaciones y desestimula las importaciones”, es no considerar que más de 90% de las exportaciones declaradas son de orígen petrolero. No tiene sentido una devaluación para mejorar la competitividad de los exportadores no petroleros, especialmente cuando la estrategia está orientada a fortalecer el mercado interno más que el logro de la competitividad internacional (tal como lo enunciaba el Gran Viraje de los 90).
En este último caso, la devaluación afecta la dimensión social, en la medida que produce desempleo y caída de ingresos, a partir de los sectores productivos que salen perjudicados.
* Simón Andrés Zúñiga es economista venezolano, Sociedad de Economía-política Radical (SER)
Fuente: Rebelión
